Anunciado en febrero de 2022, el Viceprimer ministro y Ministro de Justicia Vicent Van Quickenborne acaba de confirmar el divorcio unilateral del Gobierno de Bélgica con el Ejecutivo de los Musulmanes de Bélgica (OGE), retirándole su reconocimiento como órgano representativo de la fe islámica en Bélgica.
En un comunicado de prensa publicado el pasado jueves, el ministro de Justicia belga afirma que había decidido “retirar permanentemente el reconocimiento del EMB”, organización interlocutora oficial de la comunidad musulmana de Bélgica ante las autoridades públicas belgas desde 1996. “Nunca antes había visto tanto amateurismo- práctica no profesional- (…) cita, acusando al EMB de ser un órgano “poco transparente y antidemocrático”. “A pesar de una junta directiva compuesta por 17 miembros electos que se suponía que representaban las diferentes corrientes de la comunidad musulmana, la gestión estaba de facto en manos de unos pocos individuos”, argumenta. Y “a pesar de las múltiples promesas del EMB, todavía no hay elecciones democráticas creíbles a la vista”, abundó Van Quickenborne, resaltando que “La comunidad musulmana se merece algo mejor”.
El EMB se convirtió oficialmente en interlocutor del gobierno en 1996, como punto de contacto para la comunidad musulmana. De entre sus facultades destacan reconocer mezquitas, organizar la enseñanza religiosa islámica, nombrar y capacitar imames y establecer parcelas de enterramiento musulmán en cementerios públicos.
Objeto de muchas discusiones en los últimos años, la junta directiva no se había reunido desde octubre de 2019. Su propio informe de evaluación de 2020 ya apuntaba varias deficiencias, como la falta de representación femenina y la infiltración de extremistas. En otoño de 2020, la seguridad del estado constató injerencias extranjeras, acusando a la organización de falta de transparencia, así como de “permeabilidad a las influencias de potencias extranjeras” a través de instituciones turcas y marroquíes.
Las decisiones del EMB son tomadas por sólo unos pocos miembros de la junta directiva. El mandato de los miembros del EMB expiró hace casi 2,5 años.
A pesar de remitir dos cartas de notificación formal el 8 de julio y el 4 de octubre de 2021 y organizar varios momentos de consulta entre su gabinete ministerial y el EMB reiterando el pedido de convocar elecciones trasparentes y democráticas para que el organismo fuera incluyente, pluralista, representativo y transparente, nada ha cambiado, por lo que el ministro ha dicho que el OGE “ya no puede ser un interlocutor”.
Esta decisión del gobierno tendrá consecuencias directas para el EMB, que dejará de recibir los 600.000 euros de subvenciones anuales del Estado, ayuda que este año no había sido abonada.
Bélgica, un país de 11,5 millones de habitantes, cuenta con una comunidad musulmana de entre 600.000 y 800.000 miembros
España, con más de dos millones de musulmanes y 1.800 comunidades islámicas, cuenta con una pésima representación musulmana. El reconocimiento de la Comisión Islámica de España como interlocutor oficial ante las administraciones públicas fustiga y reprime los derechos de los musulmanes. Nunca antes una entidad que se proclama musulmana había causado tanto daño en nuestro país.
Constituida por 25 miembros –de los cuales 4 no aparecen-, y una entidad que acapara 15 sillones, la CIE está secuestrada en manos de UCIDE, o lo que es lo mismo, de los 15 miembros que conforman la junta directiva de la CIE, 12 son de UCIDE. La CIE es una organización que vulnera sus propios estatutos y acuerdos, no convoca su junta directiva ni su comisión permanente conforme su a periodicidad; asigna a los responsables de sus comisiones técnicas a dedo entre miembros exclusivos de UCIDE, y tiene a su presidente y otros miembros de la junta directiva incriminados en graves causas judiciales, entre otras, por financiación de terrorismo.
Tras 30 años de concentración de poder, ninguno de los derechos civiles reconocidos a los musulmanes se ha desarrollado con plenitud, mucho menos con normalidad.
Al igual que la organización belga, la CIE hace oídos sordos a prácticas democráticas, transparentes, representativas y pluralistas, toda vez que el Estado continúa financiado sus arcas con cuantiosas subvenciones que no se trasladan a las necesidades de las comunidades.
La CIE es un claro ejemplo de representación fallida e inoperante interlocución. Sería de agradecer que el Gobierno español siga el ejemplo belga y se preocupe seriamente por la cueva de Adlbi Babá, Ajana y sus compinches, que vienen percibiendo suculentas subvenciones sin que exista portal de transparencia transcurridos treinta años.
